En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) solicitó al próximo gobierno mexicano una agenda para erradicar este crimen. La ONU-DH instó a cumplir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, adoptada en 2017, señalando que aún existen importantes pendientes en su cumplimiento.

El organismo internacional destacó la necesidad urgente de que las víctimas accedan a la justicia, advirtiendo que pocas personas han sido sancionadas por el delito de tortura. Asimismo, subrayó la importancia de consolidar el Registro Nacional del Delito de Tortura y actualizar el Protocolo Homologado de Investigación de dicho delito.

A pesar de algunos avances, las detenciones arbitrarias y la tortura persisten como una práctica generalizada en México, según un informe del Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU publicado en septiembre pasado. De acuerdo con el Observatorio Contra la Tortura, compuesto por organizaciones civiles de derechos humanos, casi 6 mil 400 personas fueron presuntas víctimas de tortura en 2022.

La ONU-DH calificó de “esfuerzo loable” la Estrategia Nacional contra la Tortura emitida por la Secretaría de Gobernación en 2023, pero señaló que esta estrategia no sustituye la obligación de adoptar una política pública integral para combatir la tortura a nivel nacional. Además, enfatizó que persiste una deuda en la atención y reparación a las víctimas de tortura, y que la Ley General prevé la adopción de programas de rehabilitación que aún no han sido implementados.

Por ello, el organismo pidió al próximo gobierno, encabezado por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, así como a los nuevos mandatarios locales y legisladores, acciones concretas para frenar este delito. “Para la ONU-DH, el próximo inicio de las administraciones y legislaturas recientemente electas representa una oportunidad crucial para velar por los derechos de las víctimas y garantizar que nadie sea trastocado en su integridad personal”, señaló la ONU-DH.

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha confirmado otro integrante para su gabinete: José Antonio Peña Merino será el encargado de dirigir la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de la administración federal.

Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum destacó que este jueves no presentará al titular de la Secretaría de Seguridad, anuncio que se realizará posteriormente. Además, mencionó que mañana dará a conocer seis nuevos integrantes de su gabinete en el Museo Interactivo de Economía a las 11:00 horas.

"Recuerden que planteamos la creación de la Agencia de Transformación Digital del Gobierno. Les puedo decir de una vez que su titular será Antonio Peña Merino. Lo vamos a presentar después, pero es casi obvio que, habiendo hecho un gran trabajo en la ciudad, pues va a estar en esa área", señaló Sheinbaum.

Al ser cuestionada sobre el presupuesto para 2025, reiteró que no planea una "reforma fiscal profunda que represente más impuestos para la gente, sino que, con lo que tenemos, y mejorando la recaudación, lo he dicho, en las aduanas, en el propio sector, la digitalización".

Cabe mencionar que José Antonio Peña Merino es un politólogo y docente mexicano que se desempeñó como coordinador técnico de los Diálogos por la Transformación, recolectando datos para el proyecto de nación 2024-2030. Además, dirigió la Agencia Digital de Innovación Pública durante la administración de Sheinbaum en la Ciudad de México, donde implementó mecanismos para agilizar los trámites administrativos y convirtió a la CDMX en la ciudad más conectada con puntos WiFi. 

El intento de golpe de Estado en Bolivia contra el presidente Luis Alberto Arce Catacora ha generado una fuerte reacción internacional, incluyendo la condena del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien manifestó su apoyo al mandatario boliviano. "Manifestamos la más enérgica condena al intento de golpe de Estado en Bolivia. Nuestro total apoyo y respaldo al presidente Luis Alberto Arce Catacora, auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano", señaló López Obrador en su cuenta de X, antes Twitter.

Minutos antes, el excanciller mexicano Marcelo Ebrard también expresó su apoyo a Luis Arce, destacando su oposición al intento de golpe. Ebrard, quien ahora formará parte del gabinete de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, dijo: "Todo apoyo y simpatía al Presidente Constitucional Luis Arce Catacora quien hace frente a nuevo intento de golpe de estado en La Paz, Bolivia".

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta de México, también envió un mensaje de apoyo a Arce, acusando que el levantamiento de las Fuerzas Armadas Bolivianas es un atentado contra la democracia.

Este miércoles, un tanque irrumpió en la sede del Ejecutivo de Bolivia después de que Juan José Zúñiga, comandante general del Ejército boliviano, amenazara con tomar el Gobierno y cambiar el gabinete. Zúñiga afirmó que liberaría a los presos políticos, incluida la expresidenta interina Jeanine Añez, y restablecería la democracia en el país.

El expresidente boliviano Evo Morales denunció el ataque y alertó sobre la presencia de francotiradores en la Plaza Murillo en La Paz, indicando que el golpe de Estado fue preparado con anticipación. Morales hizo un llamado al pueblo a defender la democracia.

El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, también criticó el golpe, denunciando a la comunidad internacional la situación en el país. "Denunciamos a la comunidad internacional que en Bolivia hay un golpe de Estado contra nuestro Gobierno democráticamente elegido", dijo Choquehuanca.

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó desde Paraguay que el organismo no tolerará "ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia" y condenó enérgicamente las acciones del Ejército boliviano. 

En una revisión de perfiles realizada por El Sol de México, se ha identificado que 15 estados del país tienen a mandos militares o navales al frente de sus secretarías de seguridad. En el último año, 11 gobernadores cambiaron a sus titulares de Seguridad Pública estatal, nombrando a militares o marinos en seis casos y a civiles en cinco.

El caso más reciente ocurrió en Michoacán, donde el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destituyó al general José Alfredo Ortega tras una protesta de la Guardia Civil que exigía mejores condiciones laborales. El cargo fue otorgado a Juan Carlos Oseguera Cortés, quien previamente se desempeñaba como subsecretario de Gobierno y tiene una trayectoria política que incluye puestos en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario.

De manera similar, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, aceptó la renuncia de su jefe de seguridad estatal, Andrés Andrade, un civil, y nombró en su lugar al militar Cristóbal Castañeda, destacando su extensa trayectoria en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde 1993.

Un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicado en septiembre de 2023 indicó que 14 entidades del país contaban con mandos de seguridad provenientes de las Fuerzas Armadas. Según David Saucedo, especialista en seguridad pública, mientras la opinión pública se enfocaba en la militarización federal, en los estados se desarrollaba una "militarización silenciosa".

Entidades como Michoacán y San Luis Potosí han cambiado de mandos militares a civiles, mientras que estados como el Estado de México y Tabasco han optado por lo contrario, nombrando a generales del Ejército en sus secretarías de seguridad.

Saucedo señala que en la mayoría de los estados gobernados por Morena, los mandatarios han nombrado a militares en las secretarías de Seguridad Pública para establecer una conexión directa con la Guardia Nacional. Sin embargo, critica que estos mandos no han demostrado mayor capacidad que los civiles en el combate al crimen organizado o a la inseguridad.

La opacidad prevalece en estos cambios de mandos, con sólo tres de los 11 cambios en el último año siendo explicados públicamente. Saucedo añade que los nombramientos de secretarios de Seguridad no requieren la aprobación del Poder Legislativo de los estados, siendo una designación directa de los gobernadores.