En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) solicitó al próximo gobierno mexicano una agenda para erradicar este crimen. La ONU-DH instó a cumplir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, adoptada en 2017, señalando que aún existen importantes pendientes en su cumplimiento.

El organismo internacional destacó la necesidad urgente de que las víctimas accedan a la justicia, advirtiendo que pocas personas han sido sancionadas por el delito de tortura. Asimismo, subrayó la importancia de consolidar el Registro Nacional del Delito de Tortura y actualizar el Protocolo Homologado de Investigación de dicho delito.

A pesar de algunos avances, las detenciones arbitrarias y la tortura persisten como una práctica generalizada en México, según un informe del Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU publicado en septiembre pasado. De acuerdo con el Observatorio Contra la Tortura, compuesto por organizaciones civiles de derechos humanos, casi 6 mil 400 personas fueron presuntas víctimas de tortura en 2022.

La ONU-DH calificó de “esfuerzo loable” la Estrategia Nacional contra la Tortura emitida por la Secretaría de Gobernación en 2023, pero señaló que esta estrategia no sustituye la obligación de adoptar una política pública integral para combatir la tortura a nivel nacional. Además, enfatizó que persiste una deuda en la atención y reparación a las víctimas de tortura, y que la Ley General prevé la adopción de programas de rehabilitación que aún no han sido implementados.

Por ello, el organismo pidió al próximo gobierno, encabezado por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, así como a los nuevos mandatarios locales y legisladores, acciones concretas para frenar este delito. “Para la ONU-DH, el próximo inicio de las administraciones y legislaturas recientemente electas representa una oportunidad crucial para velar por los derechos de las víctimas y garantizar que nadie sea trastocado en su integridad personal”, señaló la ONU-DH.