El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, se pronunció este miércoles sobre la demanda civil que emprendió el gobierno mexicano en Florida contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón.
Gómez indicó que México busca recuperar casi 700 millones de dólares mediante este proceso judicial en Florida, actualmente en etapa de “descubrimiento probatorio”. El juicio civil está programado para abrirse en enero de 2025, según la jueza a cargo.
“En una de esas cinco empresas se recuperaron casi 2 millones de dólares que fueron entregados a la Tesorería de la Federación y un bien inmueble valorado en 555 mil 800 dólares en avalúo,” señaló durante la conferencia matutina.
Además, mencionó una segunda recuperación de 150 mil dólares lograda en un proceso de mediación, que también fueron entregados a la Tesorería de la Federación. De las 19 propiedades aseguradas en este juicio en Miami, ocho ya fueron liquidadas, y los fondos por 6 millones de dólares están a resguardo de un agente fiduciario del gobierno de México hasta que termine el juicio.
Pablo Gómez agregó que el caso de García Luna incluye dos denuncias penales en México y se han emitido 61 órdenes de aprehensión, con detenciones significativas como Gloria García Luna y Edgar Rodríguez García, quienes están en prisión preventiva. Además, Jonathan Alexis Weber Pinto, presuntamente vinculado a una empresa de la “trama de corrupción”, está solicitado para extradición desde España.
Según Gómez, las autoridades mexicanas identificaron 64 operaciones en cuentas bancarias y casas de bolsa en México, algunas enlistadas por el SAT como “factureras”. Este esquema financiero facilitó la ocultación y posterior retorno del dinero desviado.
Para la administración mexicana, este juicio busca romper la “maldición histórica” de la corrupción en el país, devolviendo los recursos a la Tesorería de la Federación.
Ciudad de México — El Partido Acción Nacional (PAN) ha decidido no formar alianzas con los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en futuros procesos electorales, según informó la consejera nacional del PAN, Andrea del Río.
Del Río explicó que durante una reunión de los consejeros nacionales del PAN, después de las elecciones del 2 de junio, se discutió la necesidad de competir solos para evitar que partidos con mala imagen, como el PRI y el PRD, afecten la reputación del PAN. “Se perdió identidad en este proceso electivo, pero luego de ver resultados satisfactorios, hemos decidido ir ahora por ciudades capitales y de allí posiciones políticas en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República”, añadió Del Río.
La consejera subrayó que el PAN busca recuperar y fortalecer su identidad política y que esta estrategia de competir sin alianzas es un paso en esa dirección.
Ciudad de México, 1 de julio de 2024 - La Secretaría General de la Cámara de Diputados ha recibido formalmente la solicitud de juicio político contra el juez Rodrigo de la Peza López, presentada por la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. La petición fue entregada alrededor de las 18:00 horas por el representante jurídico de la Segob, Edgar Contreras Hernández.
Según Alcalde Luján, el juicio político procede por "violar la Constitución", después de que el juez ordenara a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, que en un plazo de 24 horas propusiera a dos magistrados para ocupar las vacantes en la Sala Superior.
En respuesta, el TEPJF declaró que no acatará la orden del juez y recibió el apoyo de la titular de la Segob. "Muy bien por el Tribunal Electoral, que frente a la pretendida intromisión del Juez de Distrito Rodrigo de la Peza López, decide defender su autonomía y su mandato Constitucional", afirmó Luisa María Alcalde en redes sociales.
La Segob ratificará mañana mismo la solicitud de juicio político, con Omar Guadalupe Gutiérrez Lozano, titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Segob, a cargo de la ratificación.
Además, el TEPJF acordó denunciar penalmente al Juez Noveno de Distrito ante la Fiscalía General de la República y presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, calificando las medidas del juzgador como "injustificadas y excesivas". El Tribunal rechazó categóricamente el "infundado actuar" del juez, señalando que las decisiones sobre el funcionamiento del órgano competen exclusivamente a la Sala Superior.
Chiapas, 1 de julio de 2024 - La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre el hallazgo de 19 cuerpos en el municipio de La Concordia, Chiapas, el pasado fin de semana. Al menos seis de las víctimas portaban identificaciones emitidas por el gobierno de Guatemala.
Las primeras indagatorias sugieren una confrontación entre los cárteles de Sinaloa y el cártel de Chiapas y Guatemala, que se disputan el control en esa zona fronteriza. Tras el hallazgo, el gobierno federal envió 1,200 elementos de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en la región.
El suceso fue confirmado luego de la difusión de un video el 28 de junio, donde se ve a varias personas sin vida en la caja de un camión de volteo, vestidas con equipo táctico y portando armas largas. Los presuntos autores de la filmación se identificaron como integrantes del cártel de Sinaloa, afirmando que las víctimas pertenecían a una organización delictiva que opera entre Chiapas y Guatemala.
El 29 de junio, una llamada al 911 reportó la presencia de cuerpos en un tramo de terracería que comunica Jaltenango de la Paz con la ranchería La Reforma, en La Concordia. Autoridades localizaron una camioneta Nissan y un camión de volteo, donde encontraron los cuerpos de 19 personas, la mayoría asesinadas por arma de fuego.
La fiscalía de Chiapas inició la investigación y levantamiento de los cuerpos, documentando que seis de ellos tenían identificaciones guatemaltecas. La SSPC recordó que en la región de La Concordia se han realizado detenciones por tráfico de drogas, personas y armas. El gobierno federal ha reforzado la seguridad en la zona con la presencia de elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, incrementando el número de efectivos este fin de semana.
Ciudad de México, 1 de julio de 2024 - La organización Artículo 19 ha instado al gobierno mexicano a garantizar la seguridad de los periodistas, tras documentarse desde el año 2000, 166 asesinatos y 31 desapariciones relacionados con su profesión.
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, 46 periodistas han sido asesinados, situando a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en estados considerados en paz. El año 2022 fue el más violento con 13 asesinatos.
Anteriormente, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, 47 periodistas fueron asesinados; con Felipe Calderón, 48; y con Vicente Fox, 22.
"Los asesinatos y desapariciones buscan silenciar una voz específica y envían un mensaje a la comunidad periodística sobre los riesgos de cubrir ciertos temas, privando a la sociedad de información relevante", afirmó Artículo 19.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha destacado la falta de interés de las autoridades mexicanas en esclarecer las agresiones contra periodistas, señalando deficiencias en las investigaciones y obstrucción de justicia.
Desde el año 2000, los estados con más homicidios de periodistas en México son Veracruz (31), Guerrero (17), Oaxaca (15), Chihuahua (15), Tamaulipas (15) y Sinaloa (7).