La entrada en vigor de la Ley 3 de 3, que exige a los servidores públicos entregar constancias de no ser deudores alimentarios ni violentadores, conlleva una consecuencia importante. La secretaria de la Contraloría, Reyna Arceo Rosado, advirtió que aquellos que sean dados de baja por incurrir en estos delitos no podrán ser recontratados en otras áreas o dependencias.

Si un servidor público es despedido de una dependencia debido a acoso u hostigamiento y busca reintegrarse al servicio público en otra área, se le exigirá presentar documentos que no podrá proporcionar.

Para evitar estas situaciones y prevenir abusos contra las mujeres, se lleva a cabo una supervisión a través de los Comités de ética e igualdad en cada dependencia, organismo descentralizado y autónomo.

Reyna Arceo Rosado destacó que cada vez más mujeres se atreven a denunciar estos hechos, especialmente en la administración actual, que brinda apertura y apoyo para detener el acoso en sus lugares de trabajo.

Las mujeres que denuncian reciben apoyo y acompañamiento, lo que puede resultar en sanciones y la separación de sus agresores cuando se demuestra el ilícito. Hasta el momento, no se han presentado denuncias contra mujeres acosadoras o violentadoras hacia hombres, pero si surgieran, también recibirían el apoyo necesario.