Ciudad de México, 1 de agosto de 2024 - La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, por unanimidad de 38 votos a favor y ninguno en contra, el dictamen de la reforma al artículo 123 constitucional, que establece una pensión de retiro por vejez equivalente al último salario del trabajador, o hasta 16 mil 777 pesos.
Esta pensión se ajustará anualmente conforme a la inflación estimada, y beneficiará a trabajadores con 65 años o más que comenzaron a cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde el 1 de julio de 1997, así como a aquellos que cotizan bajo el régimen de cuentas individuales en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
En el proceso legislativo, se suprimió un artículo transitorio que establecía la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, ya que este fondo fue creado el 1 de mayo de 2024 y otorgó los primeros apoyos el 1 de julio de este mismo año.
CRÍTICAS Y DEBATES EN TORNO A LA REFORMA
Durante la discusión, la diputada Laura Haro (PRI) cuestionó la viabilidad financiera de la reforma y sugirió bajar la edad para recibir la pensión a 60 años. "Estos recursos se van a generar con la eliminación de los órganos autónomos y otros organismos. Reflexionemos sobre la estabilidad financiera del país", advirtió.
Por su parte, el diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) denunció que la creación del Fondo de Pensiones ya en operación y las fuentes de financiamiento propuestas no son adecuadas ni recurrentes. "Vamos hacia un fracaso financiero más", afirmó.
IMPLICACIONES Y FUTURO DE LA REFORMA
El dictamen aprobado señala que la pensión mensual será el salario promedio registrado en el IMSS en 2023, actualizado anualmente por la inflación. Esta medida busca asegurar un retiro digno para los trabajadores mayores de 65 años.
La reforma ha generado un intenso debate sobre la sostenibilidad financiera y la viabilidad de las fuentes de financiamiento propuestas. A pesar de las críticas, la aprobación del dictamen representa un avance significativo en la búsqueda de mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores mexicanos.
Con la aprobación en lo general, la reforma deberá seguir su proceso legislativo, enfrentando posibles modificaciones y nuevas discusiones antes de su implementación definitiva.