Monterrey, Nuevo León — Un consorcio empresarial que ha recibido 820 millones de pesos del DIF Nuevo León durante la administración de Samuel García contrató los servicios del despacho propiedad del gobernador y su padre, Samuel García Mascorro.

Comercializadora Don Cacahuato, parte de Grupo Cimarrón, fue beneficiada con millonarios contratos por el gobierno de Nuevo León. Este consorcio utilizó una filial llamada Distribuidora Damago para pagar 4.6 millones de pesos por diversos servicios a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, el despacho del mandatario.

Este intercambio revela un patrón de operación en el que participan empresas privadas del gobernador y exempleados convertidos en funcionarios que asignan recursos públicos. Miguel Ángel Sánchez Rivera, exdirector del DIF Nuevo León, realizó 14 pagos a Comercializadora Don Cacahuato. Sánchez Rivera trabajó previamente en la firma del gobernador entre 2015 y 2016.

En mayo, Latinus reveló que otro exempleado del despacho de Samuel García, ahora funcionario de Nuevo León, otorgó contratos por 175 millones de pesos a una consultora privada para resolver litigios fiscales del gobierno estatal.

Esta situación ha generado controversia y cuestionamientos sobre la transparencia en la asignación de contratos y el posible conflicto de intereses en la administración de Samuel García.